El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha decidido llevar adelante el desalojo de 75 familias de guardias civiles en la Comandancia de Toledo sin otorgar un aplazamiento, pese a las súplicas de los afectados. En una reunión reciente, altos responsables de la Guardia Civil se negaron a proporcionar detalles sobre las razones detrás de esta medida urgente, creando una atmósfera de incertidumbre y consternación entre las familias. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado su frustración debido a la falta de comunicación, denunciando que los perjudicados no han recibido ningún informe concreto que justifique esta presión por abandonar sus viviendas oficiales antes del 15 de febrero.
En respuesta a la crisis de vivienda que genera el desalojo, la Guardia Civil ha anunciado medidas de apoyo para el realojo de las familias afectadas. Aunque 46 de las 75 familias ya han solicitado asistencia, el alcalde de Toledo ha señalado la ausencia de viviendas disponibles desde el Ayuntamiento. En paralelo, la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha ofrecido 51 propiedades en alquiler, mientras que la Guardia Civil ha identificado 70 posibles viviendas en la provincia, algunas a una considerable distancia de la Comandancia de Toledo. Para facilitar esta transición, se ha establecido una Oficina de Apoyo, que operará por 20 días, coincidiendo con el plazo límite impuesto. Sin embargo, AUGC critica que, en medio de esta complicada situación, la dirección de la Guardia Civil no se ha comunicado directamente con los damnificados, mostrando una indiferencia que agrava la falta de transparencia en este proceso.
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