La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, no acudió al acto de conciliación citado por el Juzgado de Primera Instancia número 53 de Madrid, relacionado con la demanda de 20.000 euros interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes jurídicas, este hecho podría abrir la puerta a que González Amador presente una demanda formal por intromisión ilegítima en el derecho al honor o una querella por injurias y calumnias contra Bergerot. La controversia se originó tras las declaraciones de Bergerot el pasado 23 de octubre, tanto en un programa de Telemadrid como en redes sociales, donde calificó al novio de Ayuso de «delincuente» y lo acusó de haberse beneficiado ilícitamente de fondos y defraudar a Hacienda.
Este no es un caso aislado para González Amador quien, según reportes de los medios, ha elevado su reclamo a 455.000 euros contra distintos miembros del PSOE y Más Madrid, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien exige 100.000 euros por haberle llamado «defraudador confeso». Estas denuncias surgen en el contexto de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos en perjuicio de González Amador. Este escenario plantea tensiones políticas más amplias, dado que varias figuras de alto perfil están involucradas, y las demandas subrayan la creciente fricción entre las partes. Las declaraciones y la consiguiente serie de acciones legales han capturado la atención pública, reflejando una lucha paralela en los tribunales que podría influir en la política nacional.
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