La crisis de los incendios en Castilla y León ha escalado en tensión política, con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, asegurando que la responsabilidad recae en las condiciones meteorológicas y en los incendiarios, no en su gestión. Aunque en un principio afirmaba contar con los recursos necesarios, poco después solicitó al Gobierno central un despliegue masivo de apoyo, lo que incluía helicópteros y tropas, exponiendo las debilidades en la respuesta regional. Sin embargo, el retraso en la llegada de estos recursos provocó críticas hacia La Moncloa, alimentando un debate encendido en las Cortes de Castilla y León, donde la oposición forzó un pleno extraordinario para exigir explicaciones y abordar las quejas por la falta de medios y coordinación en la extinción de incendios.
Mientras tanto, las presiones externas continúan creciendo, con bomberos y colectivos sociales manifestándose para pedir la dimisión de Mañueco y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En el interior del parlamento, el presidente de la Junta insistió en la necesidad de desvincular la emergencia de la confrontación política, llamando a un enfoque de Estado para prevenir y combatir incendios. En medio de este panorama, la oposición no escatimó críticas, subrayando la falta de preparación y acusando al gobierno autonómico de negligencia, especialmente después de reportar que más de 141,000 hectáreas han sido devastadas y alrededor de 20,000 personas evacuadas este mes. Mañueco, por su parte, admitió posibles fallos, pero criticó la utilización política del desastre, subrayando que aún hay margen para mejorar y asegurando su compromiso constante con la gestión de la emergencia.
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