La controversia en torno al sistema de votación del Festival de Eurovisión se ha intensificado tras la sorprendente ascensión de Israel en la última edición, donde el voto popular le otorgó 297 puntos, colocándolo del lugar 14 al segundo puesto. Este fenómeno ha generado dudas sobre la transparencia del proceso, que depende de los votos de jurados profesionales y del público, permitiendo que la cantidad de puntos entregados no refleje necesariamente la cantidad de votos recibidos. Además, la normativa de Eurovisión limita la votación a 20 votos por línea móvil, sin requerir identificación personal, lo que ha propiciado la posibilidad de un uso indebido del sistema mediante la compra de múltiples tarjetas SIM.
A lo largo de los últimos eventos, se han presentado acusaciones de manipulación y de influencias políticas. Investigaciones han revelado que Israel llevó a cabo una campaña publicitaria masiva para promover su candidatura, utilizando plataformas digitales para solicitar el apoyo internacional. A pesar de que Eurovisión se proclama como un evento apolítico, las tensiones geopolíticas han permeado su ambiente, resultando en cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso de votación. La situación se complica aún más con el reciente conflicto en Gaza, lo que ha polarizado la opinión pública y política, y ha llevado a críticos a sugerir que el resultado del festival pudo estar marcado por intereses más allá de la música.
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