La doctrina establecida recientemente por el Tribunal Constitucional ha resultado en el archivado de tres piezas menores en el caso de Daniel Alberto Rivera. Estas decisiones se han tomado en línea con las nuevas interpretaciones legales que el Constitucional ha implementado, lo que ha llevado a una reevaluación de la relevancia y el tratamiento de ciertos aspectos del caso. Esta evolución ha generado expectativas sobre el impacto que la doctrina podría tener en casos similares y plantea preguntas sobre la consistencia de las decisiones judiciales previas.
Mientras tanto, la Audiencia Provincial se encuentra en un proceso de deliberación para determinar si el caso debe ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El propósito es buscar una interpretación más amplia y posiblemente una revisión, dada la naturaleza compleja y potencialmente transnacional de los aspectos legales implicados. Esta decisión podría sentar un precedente significativo en la forma en que se tratan temas similares dentro del contexto del derecho comunitario, además de resaltar la creciente interacción entre las jurisdicciones nacionales y europeas en casos de alto perfil.
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