El reciente viernes, Nicolás Maduro culminó su toma de posesión en una ceremonia sin precedentes que refuerza su mandato de seis años en Venezuela, a pesar de las acusaciones de fraude electoral acontecidas el pasado 28 de julio. Este evento, caracterizado por la ausencia de líderes internacionales y el escepticismo por parte de la comunidad global, da cuenta de la dudosa legitimidad de Maduro como presidente. Al menos 30 países, incluidos Estados Unidos y España, consideran al opositor Edmundo González Urrutia como el verdadero vencedor de las elecciones. Mientras Maduro solidifica su control, la respuesta internacional se ha intensificado, con la administración Biden aumentando la recompensa por su detención de 15 a 25 millones de dólares y aplicando nuevas sanciones personales a funcionarios venezolanos.
Desde la juramentación, las tensiones dentro del país han escalado con la detención de al menos 30 opositores, según reportó la líder de la oposición, María Corina Machado. Estas detenciones han sido parte de una represión más amplia por las fuerzas del gobierno, dirigidas contra manifestantes que se movilizaron en varias regiones del país. A su vez, la presión internacional no cede, con sanciones adicionales provenientes de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. La capital venezolana, Caracas, ha visto un aumento en el control militar con fuerzas de seguridad desplegadas para acallar cualquier muestra de disidencia, mientras las palabras de líderes internacionales como Gabriel Boric condenan la situación al declarar a Maduro un dictador. En este contexto, las voces opositoras continúan enfrentando una dura represión, pero también reciben reconocimientos simbólicos como «luchadores por la libertad», en palabras del expresidente estadounidense Donald Trump. La situación desencadenante refleja una Venezuela cada vez más aislada y en confrontación con un entorno internacional unido en la demanda por un proceso democrático transparente.
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