En Venezuela, la detención de al menos 30 opositores desde el jueves pasado ha intensificado las críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude electoral en las elecciones del 28 de julio. Las capturas se producen en el contexto de protestas organizadas por distintos sectores de la oposición en varias regiones del país, como Portuguesa, Táchira, Bolívar y Distrito Capital, según denunció en redes sociales la líder opositora María Corina Machado. Durante la toma de posesión, caracterizada por la ausencia de líderes internacionales relevantes, se destaca el creciente aislamiento del régimen de Maduro, quien sigue siendo reconocido por pocos países, mientras que más de 30 naciones, entre ellas Estados Unidos y España, respaldan al líder opositor Edmundo González Urrutia.
La controversia sobre la legitimidad del mandato de Maduro ha resonado a nivel internacional, con críticas de países como Chile, cuyo presidente Gabriel Boric calificó a Maduro de dictador. Mientras tanto, la situación humanitaria y de derechos humanos dentro del país continúa deteriorándose, con nuevos informes de abuso y violencia contra opositores detenidos, como el caso de un joven herido de bala durante las protestas. En una muestra de endurecimiento de su postura hacia el líder venezolano, la administración saliente de Joe Biden incrementó la recompensa por la captura de Maduro a 25 millones de dólares, manteniendo la presión sobre el régimen con sanciones adicionales. En este panorama, la figura de líderes opositores sigue cobrando relevancia internacional, al ser considerados por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, como «luchadores por la libertad».
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