Nicolás Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez buscan evitar una ruptura diplomática debido a la compleja situación internacional y regional. La reciente victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio, anunciada por el Consejo Nacional Electoral sin documentos que lo acreditaran, fue desmentida por observadores y la oposición, quienes demostraron que Edmundo González, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, había obtenido el 67% de los votos. Esta polémica ha generado tensión, que el chavismo intenta mitigar, entre otros métodos, presionando y llegando a un acuerdo para permitir a González trasladarse a España, donde ha sido recibido como presidente electo.
En respuesta a las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que calificó a Maduro como dictador, el régimen chavista convocó al embajador español en Caracas y llamó a consultas a la embajadora venezolana en Madrid. Aunque España ha optado por una actitud conciliadora, evitando la respuesta similar, el riesgo de una crisis diplomática persiste. Las posibles consecuencias de una ruptura implicarían la afectación de ciudadanos españoles y venezolanos en ambos países, trastornos económicos y la interrupción de vuelos. La presión de lobbys como Repsol podría influir en la moderación del conflicto, buscando mantener los negocios y el suministro de petróleo.
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