En un contexto económico complicado, marcado por el aumento del costo de la vida y el encarecimiento de la cesta de la compra, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, alzó la voz en defensa de las familias más vulnerables. En una carta dirigida a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, y a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Dávila expresó su preocupación por el incremento del 30% en el precio de los productos básicos desde 2021. Este aumento ha puesto en jaque la estabilidad económica de muchos hogares españoles, para quienes las tarjetas monedero implementadas por el Gobierno central parecen ser insuficientes.
Durante su visita a las nuevas instalaciones de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Dávila instó al Gobierno a eliminar el IVA de los productos de primera necesidad. Argumentó que esta medida podría proporcionar un respiro significativo a las familias que batallan con dificultades económicas y evitaría que el Ejecutivo se aproveche, injustamente, de una situación ya de por sí desalentadora.
La situación es alarmante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza con carencia material severa ha experimentado un aumento drástico, casi duplicándose desde que Pedro Sánchez asumió el cargo de presidente del Gobierno. En apenas unos años, la tasa ha pasado del 4,7% al 8,9%, estableciendo un nuevo récord negativo en las últimas dos décadas.
Mientras recorría la Fundación Banco de Alimentos, Dávila destacó el valioso trabajo realizado por esta organización, que, con más de 30 años de experiencia, ha sostenido a miles de ciudadanos en situación de necesidad. Tan solo el año pasado, la Fundación distribuyó más de 17 millones de kilos de comida, un testimonio evidente de su impacto y compromiso social.
A pesar de estos esfuerzos, el sistema central de tarjetas monedero deja a demasiados fuera de su cobertura, ya que solo considera a aquellos con menores a cargo. Esta limitación excluye a miles que también necesitan asistencia, especialmente en Madrid, donde se estima que unas 100,000 personas no califican para el programa.
Para contrarrestar esta exclusión, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha destinado una partida de 7 millones de euros del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a ayudas específicas. Este fondo busca fortalecer a entidades sociales como la Fundación Banco de Alimentos, garantizando que puedan continuar sus esfuerzos en la distribución de alimentos a quienes realmente lo necesitan.
La carta de Ana Dávila no solo visibiliza una problemática urgente, sino que también propone acciones concretas para mitigarlo. La situación exige respuestas inmediatas y efectivas por parte del Gobierno central, ante un panorama socioeconómico que demanda medidas audaces.
