El Consejo de Gobierno ha tomado una decisión contundente al solicitar formalmente la retirada de varias propuestas legislativas que consideran fundamentales para el sistema judicial español. Entre estos proyectos se encuentra la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La decisión incluye instar al desistimiento de la aprobación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras normativas sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La Comunidad de Madrid ha expresado su preocupación, señalando que estas propuestas han alarmado a los principales operadores jurídicos del país, incluidos el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Según las autoridades regionales, dichas normativas representan un ataque al Estado de derecho y podrían amenazar el modelo de libertades y convivencia establecido en la Constitución de 1978.
Uno de los puntos críticos destacados por la Comunidad de Madrid es el proyecto para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Según señalan, este cambio podría transgredir los principios de mérito y capacidad, fundamentales para el acceso a la función pública. Las principales asociaciones de profesionales del sector han manifestado su preocupación, afirmando que estas modificaciones podrían comprometer la independencia judicial.
Asimismo, el Gobierno regional ha mostrado su inquietud respecto al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y las reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Consideran que estas medidas reformarían competencias del Consejo Fiscal, alejándolo del modelo de fiscalía europeo, caracterizado por su independencia y funcionamiento colegiado.
La decisión del Consejo de Gobierno subraya la importancia de mantener un sistema judicial independiente y transparente, alineado con los principios y valores democráticos acordados por los españoles hace más de cuatro décadas. Ante esta situación, el debate sobre el equilibrio entre modernización y tradición en la justicia española se intensifica, planteando interrogantes sobre el futuro del estado de derecho en el país.
