El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el procedimiento de revocación de las autorizaciones concedidas a las tres empresas de alquiler de patinetes eléctricos compartidos operativas en la ciudad. La medida, confirmada ayer por el alcalde José Luis Martínez-Almeida durante la primera rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno, se debe al incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de autorización por parte de las compañías. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, firmó el decreto correspondiente este jueves, lo que implica que los patinetes de alquiler desaparecerán de la ciudad a partir del mes de octubre. Las empresas involucradas tienen 20 días para presentar alegaciones.
El alcalde Martínez-Almeida subrayó que el Gobierno municipal no volverá a conceder nuevas autorizaciones para este servicio, argumentando que el mercado no ha podido satisfacer las necesidades de seguridad que establece el Ayuntamiento.
El actual modelo de alquiler de patinetes eléctricos, implementado el 3 de mayo de 2023, redujo las autorizaciones a tres empresas (Dott, Lime y Tier Mobility) tras un proceso de concurrencia competitiva. Este modelo pretendía aumentar la seguridad, integrarse mejor en la ciudad y mantener el orden en las calles, limitando el número total de vehículos a 6.000, con un máximo de 2.000 patinetes por operador.
No obstante, tras diversas inspecciones, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha constatado que las tres empresas han violado repetidamente las condiciones establecidas en sus autorizaciones. Dichos incumplimientos justifican, según los pliegos de condiciones, la revocación unilateral de los permisos sin derecho a indemnización.
Uno de los motivos principales para la revocación es la imposibilidad del Ayuntamiento para realizar inspecciones debido a la falta de acceso a la información y a la interfaz de los operadores. Además, las empresas no han desplegado los patinetes de manera equilibrada en toda la ciudad, como se requería. El sistema del Ayuntamiento limitaba a 3.600 los patinetes en el interior de la M-30 y a 2.400 en el resto del municipio, con un ratio de 10 patinetes por cada 10.000 vecinos. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha podido verificar esta distribución debido a la ausencia de información proporcionada por las empresas.
Otro problema significativo es el estacionamiento indebido de los patinetes en lugares no habilitados. El nuevo modelo de autorizaciones introducía un requisito esencial para resolver esto: que las aplicaciones de las empresas obligaran a los usuarios a estacionar en zonas designadas en el distrito Centro y restringir el estacionamiento en aceras y calles prioritarias para peatones en toda la ciudad. No obstante, los técnicos municipales no tienen constancia de que esta tecnología haya sido implementada.
Por último, el Ayuntamiento ha verificado que la cobertura de los seguros proporcionados por las empresas es insuficiente y no cumple con las previsiones estipuladas en las autorizaciones. Además, las empresas no han impartido cursos para instruir a los usuarios sobre el correcto funcionamiento y normativa de los patinetes.
La decisión de revocar las autorizaciones representa un duro golpe para el modelo de movilidad urbana que se pretendía establecer en Madrid, y ahora deja en el aire la futura gestión de los servicios de micromovilidad en la capital.
