El reciente informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha puesto de relieve varios elementos de preocupación respecto al Real Decreto ley emitido por el Gobierno central, destacando su posible inconstitucionalidad. El texto arguye que el Decreto en cuestión infringe varios preceptos de la Constitución de 1978, al invadir competencias exclusivas de las comunidades autónomas. En este caso, Madrid señala que la recepción y gestión inicial de menores extranjeros no acompañados es una responsabilidad asumida estatutariamente por las comunidades, dentro de su rol en la protección y tutela de menores.
El informe también sugiere que el Decreto vulnera los derechos fundamentales de estos menores. Se considera que el sistema de reparto basado en cuotas subjetivas no prioriza la garantía de asistencia adecuada, lo cual podría comprometer la protección efectiva de estos menores vulnerables.
Además, desde la perspectiva del Gobierno regional, el Decreto ley contraviene el principio de solidaridad y lealtad institucional entre administraciones públicas. Los mecanismos de distribución de los menores, estipulados en el texto, se establecen sin justificación adecuada y según se indica, sin consultar a las comunidades autónomas afectadas. Asimismo, se menciona la transgresión del principio constitucional de autonomía financiera al no asegurar el Ejecutivo central los recursos económicos necesarios para hacer frente a las nuevas obligaciones que impone a las regiones.
El recurso elevado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional pone especial énfasis en la utilización inapropiada del Real Decreto ley para esta reforma legislativa. Según el recurso, dicha reforma debería gestionarse mediante una Ley Orgánica, al afectar directamente a derechos y deberes ciudadanos, citando los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución Española como referencia normativa. La crítica también aborda la falta de urgencia real en la aprobación del Decreto, dado que reconoce que la problemática existe desde hace al menos ocho años.
Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha desempeñado un papel activo en la atención de menores extranjeros no acompañados, habiendo asistido a 10.618 jóvenes en los últimos años. Solo en lo que va de año, la cifra asciende a 937 menores. Los datos reflejan la sobria complejidad y la importancia de la gestión de tal asunto, una tarea que las comunidades autónomas consideran se lleva a cabo mejor cuando cuentan con la autonomía y los recursos necesarios para hacerlo eficazmente.
