La reciente emisión de bonos de la Comunidad de Madrid ha suscitado un notable interés en el ámbito financiero, alcanzando una demanda de 2.400 millones de euros por parte de 89 inversores. Este movimiento resulta significativo al reducir el diferencial sobre el bono del Tesoro al mismo plazo desde los 12 puntos básicos iniciales a 7, un nivel que iguala el más estrecho logrado por cualquier comunidad autónoma española y que subraya la confianza de los inversores en la economía madrileña.
El 68% de los bonos fueron adquiridos por inversores extranjeros. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo representaron el 22% de esta demanda internacional, seguidos por Reino Unido e Irlanda con un 12%, y Portugal con un 8%. Entre los perfiles de inversores, los bancos lideran con un 38% del volumen total, mientras que las gestoras de fondos y los bancos centrales e instituciones oficiales contribuyen con un 27% cada uno. Entidades financieras de prestigio como ING, BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CB y Banco Santander dirigieron esta exitosa emisión.
Este lanzamiento posiciona a Madrid como el sexto emisor de este tipo de bonos tras recibir una evaluación positiva del verificador noruego DNV. Este nuevo estándar, que estará disponible en el marco de la legislación europea a partir de diciembre de 2024, pretende fortalecer la transparencia en el mercado de bonos verdes, promoviendo una mayor inversión en actividades sostenibles y previniendo el ‘greenwashing’.
La Comunidad de Madrid destaca también por su sólida posición fiscal, manteniendo la menor ratio de deuda entre las comunidades autónomas sin régimen fiscal especial, situándose en un 12% del PIB, muy por debajo de la media nacional del 21,1%. Este hecho proporciona una sólida base para la emisión de bonos y refuerza la percepción positiva de los inversores acerca de la capacidad de pago de la región, en contraste con otras comunidades como Cataluña, que registra un 29,7% de deuda en relación al PIB.
Este éxito no solo reafirma la confianza en la economía madrileña, sino que también marca un avance hacia la normalización de los estándares europeos en financiamiento sostenible, augurando un futuro prometedor para la región en el ámbito de los mercados internacionales.
