Madrid inicia acciones contra pisos turísticos ilegales con datos proporcionados por Consumo

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha intensificado sus esfuerzos para combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales en Madrid. Este lunes, el Ministerio entregó un nuevo archivo digital al Ayuntamiento de Madrid, que detalla la ubicación de 3.565 alojamientos turísticos que operan sin licencia en la ciudad.

El dato destaca frente a las cifras oficiales del Consistorio madrileño, que sólo ha concedido 1.131 licencias para este tipo de negocio. Este envío es parte de un esfuerzo continuo por parte del Ministerio, liderado por el ministro Pablo Bustinduy, quien busca facilitar la labor de inspección y sanción del Ayuntamiento y contribuir a la recuperación de viviendas para uso residencial.

En la comunicación enviada al alcalde Martínez Almeida en marzo, se identificaron más de 15.000 pisos turísticos ilegales operando en Madrid. Esta información ha sido recolectada por la Unidad de Análisis de Consumo, y ahora, con los nuevos datos, el Ministerio espera una actuación eficaz por parte de las autoridades municipales.

La Secretaria General de Consumo y Juego ha complementado la información con anuncios que prueban la actividad de estos alojamientos. El objetivo es que el Ayuntamiento, en uso de sus competencias, pueda proceder a cerrar estos pisos y abrir los correspondientes expedientes sancionadores. Esta medida se suma a otros esfuerzos ministeriales, como el requerimiento a empresas como Booking y Airbnb de retirar miles de anuncios ilegales.

En la carta acompañante, Bustinduy destaca la importancia de la colaboración entre administraciones para abordar el problema de la vivienda en España, y señala la expectativa de una actuación decidida por parte del Consistorio, al estilo del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Ada Colau, que logró cerrar 7.000 pisos ilegales.

El Ministerio reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente con diferentes instituciones para asegurar el cumplimiento de la normativa y avanzar hacia la defensa del derecho constitucional a la vivienda en el país.

Fuente: Ministerio de Consumo

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