El Gobierno autonómico ha dado un paso adelante en su compromiso con el sector primario al iniciar la modificación del acuerdo relativo a las ayudas para los ganaderos afectados por ataques de lobos. Este esfuerzo, que refuerza una iniciativa comenzada el año pasado, busca incrementar las indemnizaciones por animal fallecido y ampliar la cobertura para gastos veterinarios cuando los animales son encontrados con vida.
Las ayudas pueden ascender a 1.875 euros por cada ejemplar muerto, dependiendo de su tipo y edad. A esta cifra se suma un 10% adicional si se trata de razas autóctonas en peligro de extinción y otro 10% para aquellas explotaciones que hayan implementado medidas preventivas. Además, se implementará un sistema de gestión de expedientes para comunicar a los ganaderos el estado de sus solicitudes de manera más rápida y eficiente.
El ejecutivo regional, por instancias del consejero Novillo, ha anunciado la duplicación de las ayudas para la adquisición de defensas contra ataques de lobos, destinando 200.000 euros a la compra de perros mastines, collares con GPS, y la instalación de pastores eléctricos y cercados. Este incremento también contempla la expansión del número de municipios beneficiarios en la denominada zona lobera, que ahora suman 68 localidades.
Una de las demandas más destacadas por el Ejecutivo madrileño ha sido la reiterada solicitud al Gobierno central para que retire al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta medida, ya propuesta en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, busca facilitar un control poblacional del lobo, cuya presencia en Madrid está estimada en unos 30 ejemplares, divididos en cuatro a seis manadas.
Los técnicos del área de Biodiversidad de Madrid han registrado 877 ataques en los últimos cinco años, con un promedio de 175 por año y un registro de 194 incidentes en el último año, afectando a un total de 382 animales. Esta tasa ubica a Madrid como una de las comunidades autónomas con menor incidencia de ataques de lobos en España.
Este empeño por salvaguardar los intereses de los ganaderos refleja un equilibrio complicado entre conservación de la fauna y protección del ganado, apostando por un modelo que busca minimizar los conflictos a través de incentivos y prevención.
