El Ejecutivo autonómico ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de los servicios de atención a personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta en la Comunidad de Madrid. En una reciente autorización, se ha destinado una financiación de 8,8 millones de euros para garantizar la operatividad de 716 plazas residenciales públicas, fruto del Acuerdo Marco. Estas plazas, diseñadas para proporcionar un soporte integral, están localizadas en Getafe, Arroyomolinos y Ciempozuelos.
Este programa no solo ofrecerá alojamiento y manutención, sino que también está estructurado para proporcionar cuidados y asistencia personal en las actividades cotidianas. A los usuarios se les brindará apoyo en el ámbito del ocio, además de atención especializada que incluye fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, y acompañamiento psicológico y social. El enfoque de estas intervenciones es prevenir el deterioro de las capacidades de los usuarios, promover su conservación y desarrollo, y, en última instancia, mejorar su bienestar e integración social.
Adicionalmente, se ha aprobado la suma de cinco contratos para 117 plazas del mismo tipo, con un valor total de 1,4 millones de euros. Estas plazas no requieren la autorización del Consejo de Gobierno, lo que permite agilizar su implementación para satisfacer las necesidades urgentes de estas comunidades.
Para fortalecer aún más este compromiso, se ha establecido una inversión adicional de 1,2 millones de euros destinada a 63 plazas en viviendas compartidas, también enmarcadas en el Acuerdo Marco. Estos recursos están destinados a personas con discapacidad intelectual y están ubicados en Leganés y San Sebastián de los Reyes. Asimismo, la autorización de 42 contratos adicionales para 295 plazas en pisos de uso comunitario suma un total de 5,7 millones de euros.
El compromiso de la Comunidad de Madrid con las personas más vulnerables se refleja en el presupuesto proyectado para 2026, el cual será históricamente el más alto en servicios sociales, alcanzando los 2.904,1 millones de euros. Esto representa un incremento del 7,8% orientado a la protección de estos grupos. En particular, la atención a personas con discapacidad y sus familias verá un aumento del 8,1%, alcanzando los 460 millones de euros.
Este esfuerzo financiero busca no solo abordar las necesidades inmediatas, sino también promover una visión a largo plazo de integración y desarrollo personal para todos los ciudadanos que enfrentan estos desafíos. La medida representa un compromiso sólido para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, donde cada individuo tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial.
