Durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum España, Ana Dávila, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, presentó una ambiciosa iniciativa destinada a transformar la red de atención social de la región. Con una inversión prevista de más de 500 millones de euros mediante colaboración público-privada, el proyecto aspira a crear 2.460 plazas residenciales y 804 de atención diurna.
En su discurso, Dávila explicó que la selección de ubicaciones para los nuevos centros se basará en la demanda de cada zona y la existencia de otras instalaciones en el Sistema Público de Servicios Sociales. Actualmente, se están revisando terrenos propuestos por distintos ayuntamientos, y la Consejería planea enviar comunicados a todos los consistorios de la región para maximizar las alternativas posibles. Los equipos de las direcciones generales pertinentes evaluarán estas propuestas para realizar estudios de viabilidad y diseño.
Además, la consejera anunció la aprobación de una nueva orden de acreditación que busca fortalecer los estándares de calidad de los centros de atención social. Los establecimientos ya acreditados tendrán un plazo de dos años para adaptar sus servicios a los nuevos requisitos, que entrarán en vigor a partir de la próxima publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Un aspecto innovador del proyecto es la organización de los nuevos centros en unidades de convivencia que imitarán el ambiente hogareño. Las residencias de mayores tendrán un máximo de 150 plazas, y las de personas con discapacidad no superarán las 50. Al menos la mitad de las habitaciones será individual, y las demás estarán diseñadas para alojar un máximo de dos personas. Estas unidades dispondrán de zonas comunes, conexión a internet gratuita y sistemas de comunicación continua con los familiares.
Dávila subrayó la importancia de una atención personalizada, en la que cada residente tenga un plan específico que se ajuste a su proyecto de vida. Este plan incluirá sus necesidades, deseos y objetivos de mejora, y será revisado cada seis meses.
La nueva orden estipula ratios mínimas de trabajadores para asegurar una atención adecuada: 0,45 en residencias de mayores con más de 50 plazas y 0,37 en las de 50 o menos; 0,50 en residencias para personas con discapacidad; y 0,48 para las que cuentan con centros ocupacionales. Los centros diurnos también tendrán limitaciones en la cantidad de plazas y requerimientos de personal, garantizando así un servicio eficiente y humanizado.
Esta iniciativa representa un importante paso hacia adelante en la mejora de la atención social en la región, centrada en la calidad de vida y el respeto a la individualidad de los usuarios.
