La Comunidad de Madrid se prepara para implementar una ambiciosa reforma legislativa que busca modernizar, simplificar y racionalizar su normativa en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico. Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, aspira a estimular la actividad económica a través de la reducción de cargas burocráticas, modificando hasta diez textos legales. Se espera que el nuevo marco normativo entre en vigor a finales de este año, tras su remisión a la Asamblea de Madrid.
Uno de los objetivos principales de esta reforma es aumentar la oferta de vivienda y agilizar los procesos de urbanización. En este sentido, se permitirá solicitar licencias desde el momento de la reparcelación, adelantando así los plazos de construcción cerca de un año. Esta medida pretende impulsar grandes proyectos urbanísticos y facilitar el desarrollo de suelo para nuevas viviendas más eficientes, mientras se clarifican normativas que han paralizado iniciativas como el proyecto de Madrid Nuevo Norte.
Además, la Comunidad de Madrid busca avanzar en la digitalización y descarbonización, garantizar el relevo generacional en el sector agrícola, combatir la despoblación rural y asegurar la gestión eficiente del ciclo del agua. Para ello, se propone un marco más competitivo para el sector agrario, reduciendo autorizaciones urbanísticas y modernizando regadíos con el fin de ahorrar agua y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. La comercialización directa de productos agroalimentarios en el lugar de producción se facilita para mejorar la competitividad del sector.
El plan también incluye la agilización de procedimientos para la instalación de infraestructuras estratégicas de energía y telecomunicaciones, como los Centros de Procesamiento de Datos (CPD), reduciendo los plazos de tramitación hasta en dos años. La eliminación de determinados Planes Especiales de Infraestructuras supondrá un significativo ahorro de tiempo para estos procesos.
En materia medioambiental, la nueva Ley incorpora cambios clave para la protección del patrimonio arbóreo y la gestión de zonas verdes, introduciendo la evaluación ambiental con tramitación simultánea, que asegura una mínima afección a la naturaleza sin demoras innecesarias.
La regulación busca también mejorar los servicios hídricos, permitiendo un procedimiento expedito para obras de infraestructura que garantice la continuidad en la prestación de servicios relacionados con el ciclo del agua. En este contexto, se proyecta una inversión de 500 millones de euros para optimizar redes de alcantarillado e infraestructura de protección frente a inundaciones en 59 municipios.
Por último, la futura normativa autonómica se adaptará a la Ley estatal de protección de derechos y bienestar animal, buscando coherencia y seguridad jurídica en este ámbito. En definitiva, esta reforma integral representa un esfuerzo de modernización legislativa que aspira a posicionar a la Comunidad de Madrid como un referente en sostenibilidad y desarrollo equilibrado.
