La nueva normativa, prevista para entrar en vigor en junio de 2025, busca introducir cambios significativos en la regulación vigente, abarcando áreas clave y proponiendo ajustes que impactarán diversos sectores. La implementación de esta medida está programada dentro del marco de reformas que el gobierno ha estado planificando para asegurar una transición ordenada y efectiva hacia las nuevas directrices.
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