El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo Estatuto para expresidentes y exconsejeros, caracterizado por su austeridad y transparencia, en comparación con los modelos vigentes en otras regiones de España. Esta normativa entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), enfocándose en un gasto económico considerablemente menor.
El Estatuto establece que los expresidentes madrileños recibirán el tratamiento de «excelencia» y ocuparán lugares de honor en actos oficiales. Los que hayan ocupado el cargo por al menos dos años podrán acceder, durante los dos años posteriores a su cese, a apoyo personal y material para ejercer representaciones institucionales. Esta asistencia incluye dos personas de apoyo, medios auxiliares en dependencias administrativas, y un vehículo con conductor. Aquellos que sirvieron más de cuatro años podrán disfrutar de estos beneficios durante cuatro años tras dejar el cargo. Además, podrán ofrecer asesoramiento al Ejecutivo regional si se les solicita.
A nivel nacional y en diez comunidades autónomas, ya se reconoce un derecho similar, en algunos casos con carácter vitalicio o sin límite de tiempo, como es el caso en el Estatuto de la Administración General del Estado.
Por otra parte, el Estatuto regula las indemnizaciones e incompatibilidades. Los altos cargos podrán recibir una compensación económica del 80% de sus retribuciones durante un máximo de dos años tras su cese, siempre que no estén realizando otra actividad retribuida. Esta medida ya está implementada en el Ejecutivo central y en varias comunidades como Andalucía, Cataluña, Galicia y Navarra.
No obstante, el nuevo Estatuto de Madrid no contempla pensiones de jubilación para los expresidentes, como ocurre en el País Vasco y Cataluña, ni compensaciones por ceses de otros altos cargos, ni participación en órganos consultivos o apoyo en el exterior.
A aquellos que hayan ejercido como presidentes por al menos dos años y desde el inicio de la legislatura se les ofrece la posibilidad de ser nombrados vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora por un periodo de seis años, ampliable a 12 si cumplieron más de cuatro años en el cargo.
Los expresidentes también contarán con servicios protocolares para actividades institucionales y resarcimiento por gastos derivados, una práctica ya reconocida en el Gobierno central y diferentes comunidades. Asimismo, se garantiza su seguridad, alineándose con las medidas adoptadas en siete comunidades autónomas.
Este nuevo Decreto se aplicará a los actuales miembros del Consejo de Gobierno y sus sucesores. Mientras tanto, los expresidentes y exconsejeros previos disfrutarán únicamente del tratamiento protocolario y medidas de seguridad, si así lo considera necesario el Ministerio del Interior.
Finalmente, el Decreto detalla los beneficios para los exconsejeros, quienes mantendrán tratamiento de excelencia, recibirán honores protocolarios y seguridad bajo condición ministerial. Las compensaciones económicas por incompatibilidad de estos altos cargos serán del 80% de sus salarios durante un lapso de máximo dos años, en línea con las disposiciones para exsecretarios de Estado a nivel central.
