El gobierno ha lanzado una nueva norma orientada a reforzar la integración y mejorar la calidad de vida de personas en situaciones de vulnerabilidad. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo principal fomentar la igualdad de oportunidades y asegurar el bienestar de quienes enfrentan exclusión, dependencia o situaciones de emergencia social. La iniciativa ha sido elaborada con la colaboración de las distintas administraciones que componen la red de atención social, subrayando un enfoque interinstitucional y coordinado.
Dentro del marco de este proyecto, se ha anunciado la próxima publicación del Mapa de Servicios Sociales. Este instrumento será fundamental para establecer una red de centros y servicios adaptados a las necesidades regionales, garantizando que el acceso a los servicios no se vea afectado por el lugar de residencia del usuario.
Este desarrollo normativo representa el tercer avance reglamentario desde la aprobación de la Ley en diciembre de 2022. Anteriormente, se promulgó el decreto de la Historia Social Única, un esfuerzo por digitalizar el sistema público de atención social. Con una inversión inicial de 32 millones de euros, este proyecto busca integrar la gestión de datos para mejorar la eficiencia y el acceso de los profesionales, aunque todavía continúa en fase de tramitación.
Siguiendo la misma línea, medio año después, se aprobó la Cartera de Servicios Sociales, que consolida todas las prestaciones del sistema público. Este documento, que ya ha experimentado una primera actualización, contabilizaba 121 prestaciones en 2023. Se espera que para 2025 esta cifra ascienda a 134, incorporando servicios de áreas como Sanidad, Educación, Vivienda y Empleo, junto con nuevas ayudas, incluidas las bonificaciones en tarifas de servicios básicos como el agua, ofrecidas por el Canal de Isabel II.
Con estos desarrollos, el gobierno reafirma su compromiso de construir un sistema social que sea inclusivo, accesible y eficiente, adaptándose a las demandas de una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
