La Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo hacia la inclusión y el respeto en el lenguaje administrativo, con la aprobación de un decreto que suprime un centenar de términos peyorativos sobre discapacidad de su normativa autonómica. Este cambio ha sido confirmado durante la reunión del Consejo de Gobierno, marcando un avance sustancial en la adaptación del marco legislativo a un lenguaje más respetuoso y acorde con la dignidad de las personas con discapacidad.
Este decreto llega como complemento a la Ley de Adaptación Normativa de la Comunidad de Madrid, que fue aprobada a principios de este mes por la Asamblea legislativa regional. La nueva ley y el decreto conjunto reflejan un esfuerzo concertado por parte del gobierno regional para actualizar su terminología y adecuarse a los estándares modernos de inclusividad y respeto.
La iniciativa responde a la necesidad de modificar el lenguaje institucional para que este sea más inclusivo y menos estigmatizante. La eliminación de términos considerados peyorativos o despectivos en la normativa busca promover una convivencia más equitativa y respetuosa, alineándose con los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España.
El impacto de estas medidas se prevé significativo en la percepción social y el trato institucional hacia las personas con discapacidad, promoviendo una visión más positiva y normalizada. Además del evidente beneficio social, estas modificaciones buscan también servir de ejemplo para otras comunidades autónomas y administraciones públicas, fomentando un cambio generalizado en la manera en que el lenguaje oficial trata la discapacidad.
La Comunidad de Madrid se posiciona así como una de las regiones pioneras en España en la implementación de políticas lingüísticas inclusivas, un hecho que ha sido recibido con reconocimiento por parte de distintas asociaciones y colectivos que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. La medida también ha contado con el apoyo de diversos grupos políticos en la región, indicando un consenso en la importancia de avanzar hacia un marco normativo que refleje una sociedad diversa y respetuosa.
En este contexto, se espera que este renovado enfoque en el lenguaje inspire acciones y reformas similares en otras áreas y comunidades. La intención es continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva, comenzando desde el propio uso del lenguaje y extendiéndose hacia aspectos más amplios de la política social y los derechos humanos.
