En un esfuerzo por mejorar la atención a personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, se han suscrito varios convenios importantes con diversos ayuntamientos para la financiación y mejora de centros ocupacionales y residenciales. Estos acuerdos, firmados con los consistorios de Alcalá de Henares, Alcorcón, Valdemoro y Berzosa de Lozoya, representan un paso significativo hacia la consolidación de una red de servicios más inclusiva y accesible para la población con necesidades especiales.
El acuerdo con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se centra en el Centro Ocupacional El Molino, donde se destinarán más de 763.000 euros. Este centro tiene capacidad para 90 personas y se espera que la inversión mejore tanto la atención como las instalaciones, ofreciendo así un mejor entorno para sus usuarios.
Por otro lado, el convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón supone una inversión de más de un millón de euros para el Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino. Este centro proporcionará 103 plazas, y el financiamiento asegurará que se puedan mantener y mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios.
En Valdemoro, se ha firmado un acuerdo que contempla 780.000 euros para la atención de vecinos con discapacidad intelectual en dos centros. El Centro Ocupacional Estrella de Elola, con 53 plazas, y el Centro de Día San Luis Gonzaga, con 19 plazas, serán beneficiarios de esta inversión, permitiendo una mejora cualitativa en la atención proporcionada a sus usuarios.
Finalmente, en Berzosa de Lozoya, se ha establecido un compromiso para atender a 35 madrileños mayores de 45 años que experimentan un envejecimiento prematuro. El Centro Residencial San Roque será la base de este proyecto, facilitando un entorno adecuado y especializado para esta población específica.
En conjunto, estos convenios representan una inversión significativa que no solo mejorará las condiciones de vida de muchas personas, sino que también refuerza el compromiso de la Comunidad de Madrid con aquellos que más lo necesitan. Actualmente, la región cuenta con más de 28.000 plazas públicas de discapacidad, distribuidas en diferentes categorías: cerca de 13.000 para discapacidad intelectual, 7.000 para enfermedad mental grave y duradera, 6.300 para atención temprana y más de 1.700 para personas con discapacidad física.
Estas iniciativas subrayan la importancia de trabajar en colaboración con los gobiernos locales para asegurar que los recursos y apoyos lleguen a quienes más los necesitan, garantizando así una sociedad más justa e inclusiva.
