En el actual contexto de tensiones políticas y financieras entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, el consejero de esta última, García Martín, ha lanzado una serie de críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El consejero ha destacado la falta de financiación estatal necesaria para aplicar nuevas medidas legislativas, un problema que, según él, no solo afecta a Madrid, sino a varias comunidades autónomas obligadas a asumir los costes sin el respaldo prometido por el sistema de financiación autonómica.
García Martín ha manifestado que el principio de lealtad institucional exige que el Estado evalúe y compense los costes generados por la implementación de nuevas leyes. Sin embargo, hasta la fecha, Madrid no ha recibido el financiamiento pertinente. La negativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes a celebrar la Conferencia Sectorial de Justicia, finalmente empujó a la Comunidad a enviar un requerimiento formal al Gobierno central. Este documento, de no ser respondido favorablemente, podría llevar al Ejecutivo madrileño a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.
El consejero acusa al gobierno de Sánchez de tomar decisiones unilaterales que ignoran tanto a las comunidades autónomas con competencias en justicia como al Poder Judicial, estimando que tales medidas imponen a Madrid un gasto adicional de 43 millones de euros.
Paralelamente, en medio de estos contenciosos, la Comunidad de Madrid apuesta por un robusto programa de inversiones en diversas áreas. Uno de los proyectos más significativos es la creación de la Ciudad de la Justicia, planeada para ser el complejo judicial más grande, accesible y sostenible a nivel global, concentrando juzgados dispersos en una única ubicación en Valdebebas. Además, la ampliación de la Ley de Víctimas del Terrorismo y el establecimiento de un nuevo baremo en conciliación y mediación, muestran el compromiso del gobierno regional con temas de justicia y derechos humanos.
Pero no solo en el ámbito judicial se sitúa el foco. El Gobierno regional también ha destacado por su Estrategia de Natalidad, que desde 2022 ha beneficiado económicamente a 22.000 mujeres menores de 30 años, fomentando así el aumento de nacimientos en la comunidad. A ello se suma un Plan contra las drogas con una inversión prevista de 200 millones hasta 2027.
En el sector infraestructuras y servicios públicos, la Comunidad ha anunciado inversiones significativas para mejorar carreteras y centros educativos, especialmente en municipios con menor población. Esto incluye la creación de nuevos parques de bomberos, mataderos municipales, y la expansión de plazas en residencias de mayores.
En suma, García Martín ha remarcado que todas estas iniciativas demuestran la eficiencia y confiabilidad del Gobierno regional, en un esfuerzo por posicionar a Madrid no solo como un referente nacional, sino internacional, en términos de desarrollo y liderazgo. A pesar de las fricciones con el Ejecutivo central, el consejero ha asegurado que la Comunidad de Madrid continuará defendiendo sus intereses y los de sus ciudadanos frente a lo que considera agravios por parte de Sánchez y su equipo.
