El Consejo de Gobierno ha dado hoy un paso significativo hacia el futuro de la movilidad en la región al autorizar el inicio de los trámites para una nueva norma que busca enfrentar los desafíos de un entorno en constante transformación. Esta iniciativa no solo pretende proponer soluciones innovadoras, sino también afianzar un modelo propio que potencie la competitividad regional. En particular, la norma busca establecer un criterio de clasificación de vehículos basado en su ratio de emisiones por pasajero, adaptándose a las necesidades de pequeñas empresas y autónomos, y considerando la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) por parte de los ayuntamientos.
El proyecto, que se materializará en una Ley de Movilidad, aspira a contar con un amplio consenso tanto social como parlamentario, un objetivo ambicioso que considera esencial la participación de todos los agentes implicados. Para ello, se prevé una fase de consultas públicas, durante la cual la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras recogerá sugerencias durante un periodo de 20 días tras la publicación del borrador en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Además, se organizarán mesas sectoriales durante la fase de redacción para garantizar un enfoque inclusivo.
Entre las medidas contempladas en la futura Ley se encuentran iniciativas destinadas al fomento de una movilidad responsable y segura, que impulse el uso del transporte público, como el Metro y los autobuses urbanos e interurbanos. Sin embargo, el ejecutivo subraya que esto no debe llevar a estigmatizar el uso del vehículo privado, sino más bien a integrar múltiples opciones de transporte que reflejen las diversas necesidades de los ciudadanos.
El gobierno regional también pone el foco en una mejora significativa de la accesibilidad, asegurando que las zonas rurales o con menor conectividad puedan acceder a diversas soluciones de movilidad. Esta medida es vista como crucial para garantizar la equidad en el acceso al transporte en todo el territorio, un reto constante para las políticas urbanas y regionales.
Con este enfoque, el Ejecutivo autonómico refleja su compromiso de enfrentar de manera proactiva y coherente el panorama cambiante de la movilidad, buscando equilibrar la sostenibilidad, la competitividad y la accesibilidad para todos los habitantes de la región.
