El Departamento de Educación, liderado por Viciana, ha intensificado sus esfuerzos para recoger aportaciones de la comunidad educativa en la elaboración de la nueva Ley de Educación Superior de la Comunidad de Madrid (LESUC). Según ha expresado Viciana, el objetivo es alcanzar el máximo consenso posible, manteniendo un diálogo constante especialmente con los rectores de las universidades públicas, cuyos aportes han enriquecido notablemente el borrador de la norma.
El último borrador de la LESUC refleja varias de las sugerencias dadas por los directivos de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, así como por otros actores del ámbito universitario. Uno de los cambios más significativos es la concreción del capítulo sobre financiación por objetivos. Este nuevo modelo mantiene la financiación básica para el funcionamiento normal de los centros, sumando una partida adicional de 10 millones de euros anuales. Este fondo extra se repartirá entre las seis universidades si cumplen ciertos logros académicos o investigadores.
Los objetivos han sido simplificados, permitiendo a cada universidad acordar con la Administración regional los que mejor se adapten a sus características. Entre estos retos, el borrador menciona la promoción de programas de investigación y la atracción de profesores destacados de Europa e Hispanoamérica, además de incentivar ofertas académicas relacionadas con las humanidades y sectores estratégicos de la región.
En cuanto a la organización administrativa de las universidades, el nuevo texto establece que el rector, con el visto bueno del Consejo Social, será el encargado de elegir al gerente de cada institución, suprimiendo la elección por concurrencia previa. Además, se transforma la figura del interventor en una Oficina Económico Presupuestaria dirigida por dos profesionales, uno designado por el rector y otro por el Consejo Social.
Otra medida destacada es la mejor delimitación del papel del Distrito Único de Prácticas, diseñado para asegurar que ningún estudiante se quede sin plaza para completar la formación práctica necesaria para su titulación. Este sistema permitirá ocupar las plazas vacantes tras una primera distribución, garantizando así las oportunidades para todos los alumnos.
La normativa también introduce un régimen de sanciones, estableciendo un máximo de 300.000 euros para infracciones muy graves dentro del ámbito universitario. No obstante, infracciones menores, como la exhibición de pancartas no autorizadas, quedan fuera de esta categoría.
La ley sigue su proceso legislativo y próximamente se someterá al trámite de audiencia e información pública antes de su aprobación inicial por el Consejo de Gobierno. Posteriormente, como proyecto de Ley, se presentará a la Asamblea de Madrid para su debate y eventual aprobación, donde se espera que los grupos políticos con representación contribuyan activamente.
