La reciente normativa en materia de caza presenta una serie de cambios significativos destinados a equilibrar la coexistencia entre la caza, la protección de especies y las actividades agrícolas. Este conjunto de regulaciones establece nuevas directrices para la gestión de cotos, centrándose en la intersección de intereses económicos y la conservación del medio ambiente.
Uno de los elementos centrales de esta normativa es la consideración de la expansión de las especies de caza mayor. Con un aumento en la densidad y distribución de estas especies, se ha ajustado su gestión para controlar eficazmente el incremento poblacional y prevenir tanto enfermedades como accidentes de tráfico debidos a los atropellos. Un ejemplo de esto es la ampliación del período de caza para la cabra montés, ahora establecido del 1 de octubre al 31 de enero, además de extender las cacerías de especies que suelen causar daños por superpoblación, como el jabalí y el conejo.
Un cambio notable incluye las nuevas reglas para el aguardo del jabalí. Los cotos privados con una superficie mínima de 250 hectáreas en ciertas comarcas ahora tienen permiso para practicar esta modalidad todos los días de la semana, superando la limitación anterior que la restringía a días laborables.
En cuanto al personal profesional requerido, la normativa estipula un mínimo de tres profesionales en cotos de entre 250 y 500 hectáreas, con la posibilidad de aumentar uno adicional por cada 250 hectáreas adicionales, hasta un total de diez. Este cambio busca optimizar la gestión y control de las actividades cinegéticas, garantizando una adecuada supervisión.
El control de especies menores tampoco ha sido desatendido. Se mantienen los períodos y condiciones para el descaste del conejo de monte, previsto entre el 15 de junio y el 25 de julio, con el fin de mitigar el daño a los cultivos y reducir la incidencia de enfermedades como la mixomatosis. Igualmente, se ha levantado la moratoria sobre la tórtola europea, favorecida por la mejora en sus índices de población, permitiendo apresamientos controlados en fechas específicas y con límites estrictos.
La normativa también aborda la captura con fines científicos o divulgativos, así como actividades tradicionales como la cetrería, regulando el uso de herramientas como el arco y los galgos, y estableciendo obligaciones relativas al manejo de perros y rehalas.
Este conjunto de medidas refleja un esfuerzo por encontrar equilibrio entre las actividades humanas y la preservación ambiental, marcando una nueva etapa en la regulación de la caza que busca proteger tanto las especies silvestres como los intereses agrícolas.
