El Tribunal Constitucional de España enfrenta una nueva polémica tras la denuncia del magistrado conservador José María Macías sobre una supuesta irregularidad en el pleno que aceptó la abstención del juez Juan Carlos Campo respecto a la Ley de Amnistía. Macías, en su primer voto particular desde su reciente nombramiento, acusó que la composición del pleno busca preservar una mayoría predeterminada, dado que participaron magistrados recusados antes de la resolución de sus recusaciones. En su voto, Macías criticó que tres magistrados con recusaciones pendientes, incluido él mismo, tomaran parte en el debate, calificando la situación como «severamente irregular» y advirtiendo que reproduce un ambiente de desconfianza en la imparcialidad del tribunal.
La controversia no solo pone en cuestión el pleno del martes, que aprobó la abstención de Campo por una votación ajustada de 6 a 5, rompiendo la unanimidad lograda dos semanas antes, sino que también abre un intenso debate sobre cómo proceder con las 54 recusaciones pendientes, una cifra sin precedentes. Según Macías, la participación de magistrados recusados desacredita al Tribunal Constitucional, avivando la percepción de politización de la justicia. Con visiones contrapuestas entre los bloques progresista y conservador, los conservadores abogan por excluir del debate a todos los recusados, lo que dejaría al tribunal en tablas. Esta situación amenaza con bloquear el funcionamiento del tribunal, mientras se intenta resolver uno de los episodios más críticos en la historia reciente de la institución.
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