En el reciente Debate del estado de la ciudad de 2025, la alcaldesa María José Catalá reafirmó su compromiso con Valencia y delineó ambiciosos planes que indican que su mandato requerirá más de una legislatura para materializarse. En un momento clave, instó a la oposición a mirar hacia el futuro y a adoptar una visión más amplia, diferenciándose así de una política nacional que suele enfocarse en el corto plazo. Sin embargo, el debate reveló una profunda fractura entre Gobierno y oposición, evidenciando que la disconformidad política ha arraigado en el ámbito español, dificultando la colaboración en temas cruciales como la vivienda.
La emergencia habitacional fue uno de los temas centrales, donde Catalá propuso un Pacto de Estado y una agencia pública de alquiler para fomentar la seguridad jurídica y aumentar el acceso a viviendas públicas. Por su parte, la oposición abogó por medidas como el control de precios y la prohibición de apartamentos turísticos, lo que evidenció una falta de propuestas innovadoras. La alcaldesa subrayó que la vivienda es esencial para la democracia y el desarrollo económico del país, aludiendo a la importancia de un modelo que garantice derechos y estabilidad, y llamando a una reflexión más profunda sobre las políticas habitacionales en un contexto que parece retroceder en el acceso a la propiedad.
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