La geopolítica de los semiconductores en Estados Unidos ha tomado un giro inesperado bajo la administración del presidente Donald Trump. Según informes de Bloomberg, el gobierno estaría en negociación para adquirir un 10% de participación en Intel, uno de los fabricantes de chips más importantes del país. Esta iniciativa no se realizaría con una compra directa en efectivo, sino mediante una reconfiguración del programa de incentivos del CHIPS Act. Los 10.000 millones de dólares contemplados en este plan de incentivos se transformarían en una participación accionaria del Gobierno federal.
Con una capitalización bursátil de cerca de 100.000 millones de dólares, Intel se posicionaría bajo la influencia directa del Gobierno estadounidense como su mayor accionista individual. Esta medida recuerda a la reciente adquisición mayoritaria del Pentágono en MP Materials, especializada en tierras raras, aunque la operación con Intel representaría un salto significativo en la política industrial de Washington.
Bajo la dirección del nuevo consejero delegado, Lip-Bu Tan, que asumió el cargo en marzo de 2025, Intel ha iniciado un proceso de reestructuración tras la salida de Pat Gelsinger. Sin embargo, la empresa enfrenta una reducción significativa de su valor de mercado y problemas en el avance de sus nodos de fabricación más avanzados, fundamentales para competir con empresas como TSMC y Samsung. A pesar de las críticas de Trump hacia Tan y sus conexiones pasadas con China, el CEO ha participado en reuniones con la Casa Blanca para discutir el papel de Intel en la estrategia nacional.
Este movimiento del Gobierno plantea un debate sobre las implicaciones de que un gigante tecnológico privado tenga como accionista principal al Estado. Defensores aseguran que Intel es un recurso estratégico para asegurar la independencia tecnológica de EE.UU., mientras que los detractores temen una distorsión del mercado y un aumento en la politización de decisiones empresariales.
Esta medida no solo tiene implicaciones financieras, sino que subraya el uso de los semiconductores como herramienta geopolítica. Intel podría convertirse no solo en un actor crucial para la industria, sino también en un elemento clave para la seguridad nacional estadounidense.
La transformación de los fondos del CHIPS Act en acciones gubernamentales refuerza la carrera tecnológica contra China, asegurando que la producción de chips avanzados quede bajo control directo de Washington. Mientras tanto, la incógnita sobre el destino de los 2.200 millones de dólares ya entregados a Intel bajo el CHIPS Act persiste, planteando más preguntas sobre el futuro de esta audaz estrategia.
