La Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles (Aopyde) ha criticado al Gobierno de Sánchez por mantener el impuesto sobre las compañías energéticas, argumentando que este recae finalmente sobre los consumidores. La entidad denuncia que el Ejecutivo planea elevar el impuesto sobre el diésel, carga que afectará directamente a los transportistas autónomos y, en consecuencia, puede provocar un aumento generalizado de precios al consumidor. Aopyde recuerda que el impuesto a las grandes energéticas y al sector bancario se introdujo como una medida temporal para que las empresas con beneficios extraordinarios durante la crisis energética y financiera contribuyeran más fiscalmente, con el objetivo de sostener las finanzas públicas y mitigar los efectos inflacionarios para la población española.
Sin embargo, Aopyde afirma que el impacto sobre el consumidor y los transportistas es injusto y pide al Gobierno reconsiderar esta política. Las grandes empresas como Repsol y Cepsa han insinuado reducir sus inversiones en energías renovables si el impuesto continúa, lo cual es visto por la asociación como un «chantaje fiscal». Además, el aumento de 10 céntimos en el impuesto sobre el diésel, previsto para 2025, amenaza la viabilidad de miles de transportistas autónomos, quienes no serán elegibles para compensaciones fiscales. Consecuentemente, Aopyde insta a que las grandes energéticas asuman su carga fiscal proporcional a sus beneficios y que se alivie a los transportistas y consumidores de costes adicionales, enfatizando que el sistema fiscal debe enfocarse en la equidad y proteger a los sectores más vulnerables.
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