La reciente Ley de Paridad, impulsada por el Ministerio de Igualdad y en vigor desde el 22 de agosto, ha generado una controversia significativa al incluir un error que desprotege a los trabajadores que solicitan adaptaciones de jornada para conciliar su vida laboral y personal. Esta situación ha provocado la preocupación de sindicatos y expertos en derecho laboral.
Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, ha calificado este error de «inadmisible» y ha exigido una rectificación urgente de las autoridades competentes. El fallo en la redacción de la ley ha modificado los artículos 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores, eliminando la protección explícita contra el despido para aquellos empleados que ajusten su horario laboral por motivos familiares.
Hasta ahora, los trabajadores que se acogían a permisos como el de cinco días por enfermedad grave de un familiar o que solicitaban una adaptación de jornada estaban protegidos frente al despido, considerándose automáticamente nulo en tales casos. Sin embargo, este cambio legislativo ha dejado en una situación de vulnerabilidad a dichos empleados.
Prieto ha manifestado su inquietud por las implicaciones de este error técnico, afirmando que «es inadmisible que un fallo técnico ponga en peligro derechos laborales fundamentales». A pesar de la eliminación de la protección explícita, UGT Madrid ha reiterado su compromiso de apoyar a los trabajadores afectados y luchar contra despidos que consideren discriminatorios por el ejercicio de su derecho a la conciliación laboral y familiar.
El Ministerio de Igualdad ha reconocido el error y se ha comprometido a corregirlo en la primera ley que se apruebe en el Parlamento. Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que la Inspección de Trabajo estará vigilante para prevenir abusos. No obstante, Daniel Cifuentes, experto en derecho laboral, advierte que aunque la protección explícita ha desaparecido, los trabajadores todavía pueden recurrir judicialmente, aunque el proceso será más complicado y dependerá de la interpretación de los jueces.
Prieto ha subrayado que los trabajadores disponen de 20 días para impugnar un despido, deben alegar discriminación y aportar pruebas para que el juez invierta la carga de la prueba, obligando a la empresa a demostrar que el despido no fue discriminatorio.
El Ministerio de Trabajo ha indicado que las sanciones para las empresas que incurran en despidos discriminatorios pueden ser severas, con multas que varían entre 7,701 euros y 225,000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
A pesar de estas promesas de vigilancia y rectificación, el daño ya está hecho y los trabajadores afectados enfrentan una mayor inseguridad hasta que se corrija el error. Prieto ha finalizado su declaración solicitando una acción inmediata de los ministerios implicados para subsanar este «fallo técnico» que ha debilitado derechos esenciales como los de la conciliación laboral y familiar.
Este incidente pone en evidencia la necesidad de una redacción legislativa meticulosa y de prever los efectos colaterales cuando se modifican leyes interrelacionadas. Mientras tanto, los trabajadores que buscan equilibrar su vida personal y profesional deberán enfrentarse a una mayor incertidumbre.
Fuente: UGT Madrid
