El grupo político Comunes ha solicitado la comparecencia de Mònica Martínez Bravo, consejera de Derechos Sociales, ante la comisión parlamentaria, tras la expiración del convenio que aseguraba la regulación de la vulnerabilidad energética en Cataluña. Este acuerdo, firmado en 2021 con una duración de cuatro años, expiró el 31 de diciembre sin que se haya establecido una alternativa. La situación ha generado preocupación en las entidades del tercer sector y en la Alianza contra la Pobreza Energética, quienes denuncian el estado de angustia en que viven muchas familias debido a la falta de un plan para hacer frente a la pobreza energética. Las entidades han urgido a la Generalitat a tomar medidas inmediatas para remediar esta situación crítica.
El convenio, fruto de una colaboración voluntaria entre Endesa y la Generalitat, se estableció en un contexto de emergencia energética, impulsado por el aumento de los precios tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Endesa se comprometió debido a su significativo control en el mercado eléctrico catalán, controlando el 98% de la distribución eléctrica. Sin embargo, ninguna otra empresa en el sector ha aceptado firmar un acuerdo similar. Ante la falta de consenso y de alternativas claras, las entidades sociales han mostrado su «profunda preocupación» por el incumplimiento del convenio inicial, instando tanto al gobierno como a la empresa a encontrar formas efectivas de colaboración que garanticen la protección de las familias vulnerables.
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