En un giro inesperado, Lleida se ha erigido como la primera ciudad española en prohibir la instalación de centros de datos. Esta decisión, marcadacon el sello del alcalde socialista Fèlix Larrosa, responde a inquietudes sobre el impacto ambiental y la supuesta falta de beneficios económicos a nivel local. Desde el ayuntamiento sostienen que estas instalaciones, destinadas al almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de información digital, no generan suficientes empleos cualificados y consumen grandes cantidades de energía y agua. Estos recursos, señalan, son especialmente críticos en el actual contexto de cambio climático.
Los representantes del gobierno municipal defienden que los centros de datos no aportan un valor significativo al tejido económico del municipio y, por contra, generan un impacto ambiental que consideran desproporcionado. Recientemente, se rechazó un proyecto en el que una empresa había adquirido suelo rústico con la intención de cambiar su uso para este fin, lo que fue denegado por el consistorio.
Esta postura ha suscitado críticas desde el sector tecnológico. José María Guilleuma, director de centros de datos en la consultora Colliers, ha calificado de «desinformados» los argumentos del consistorio de Lleida. Guilleuma subrayó que, aunque el consumo energético de estas infraestructuras es elevado, los centros de datos son pioneros en eficiencia energética y sostenibilidad. Asimismo, contradijo la afirmación de que no generan empleo cualificado, argumentando que requieren personal técnico altamente especializado y actúan como motores para atraer otras industrias tecnológicas al entorno.
En un contraste notable, la región de Aragón se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para la instalación de centros de datos, atrayendo más de 33.000 millones de euros en inversiones de gigantes como Blackstone, Microsoft, Amazon Web Services y Box2Bit. Estas instalaciones prometen transformar a Aragón en un actor clave en la capacidad de procesamiento de datos.
El debate sobre la sostenibilidad y el uso de recursos por parte de los centros de datos no es exclusivo de Lleida. En Talavera de la Reina, el centro de datos de Meta ha generado controversia debido a su consumo proyectado de más de 600 millones de litros de agua potable, a pesar de que la región sufre de sequía. A nivel global, Chile rechazó en 2020 una propuesta de Google por 200 millones de euros, citando preocupaciones similares sobre el uso del agua.
La decisión de Lleida plantea cuestiones sobre el equilibrio entre las oportunidades económicas que ofrecen los centros de datos y las preocupaciones medioambientales. Si bien las preocupaciones ambientales son legítimas, muchos expertos indican que estas infraestructuras pueden integrarse de forma sostenible y aportar beneficios indirectos significativos. La experiencia de Aragón podría servir de modelo para futuras decisiones que busquen equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
