La controversia entre software libre y propietario vuelve a ocupar el centro del debate tecnológico. LibreOffice, una reconocida suite ofimática de código abierto, ha denunciado a Microsoft por utilizar su formato Office Open XML (OOXML) como una táctica de encierro tecnológico. La Fundación The Document Foundation critica la innecesaria complejidad de OOXML, que bloquea la interoperabilidad real y fomenta la dependencia de los usuarios del ecosistema de Microsoft.
Esta acusación se suma a las preocupaciones existentes sobre prácticas como la telemetría en Windows 11, la presión para actualizar hardware y las restricciones de suscripción en Microsoft 365. LibreOffice sugiere que es el momento oportuno para que empresas, gobiernos y usuarios adopten formatos verdaderamente abiertos.
Aunque OOXML fue estandarizado por la ISO en 2008, su implementación real sigue siendo compleja y poco transparente. LibreOffice argumenta que reproducir correctamente este estándar es casi imposible sin acceso al código original de Microsoft, debido a su complejidad y documentación ambigua.
La fundación ilustra el problema comparando el formato con un sistema ferroviario en el que, aunque todos tienen permitido usar las vías, solo el fabricante original puede operar los trenes con seguridad, debido a la complejidad del sistema de señales.
Una comparativa de formatos de documentos muestra que los formatos abiertos, como .odt, cuentan con una interoperabilidad superior y son recomendados por gobiernos. En cambio, los propietarios, como .docx, presentan una implementación parcial y documentaciones limitadas.
LibreOffice no se limita a criticar. Con el fin del soporte para Windows 10 y la migración obligatoria a Windows 11, propone un modelo alternativo basado en Linux y LibreOffice, especialmente para administraciones públicas y empresas que buscan reducir costos y evitar el lock-in.
La fundación también señala que la responsabilidad de esta dependencia no recae solo en Microsoft, sino también en los usuarios y equipos técnicos que la han normalizado durante años.
Expertos tecnológicos aconsejan a las organizaciones auditar los formatos utilizados, capacitar al personal en herramientas libres, establecer políticas de uso del estándar ODF, exigir interoperabilidad real en contratos y evaluar migraciones a escritorios Linux.
Este debate resalta una cuestión crucial: ¿quién controla los formatos con los que trabajamos diariamente? La interoperabilidad no solo es técnica; es también una cuestión de soberanía digital. Mientras Microsoft fortalece su ecosistema, el software libre defiende su espacio con formatos abiertos y libertad de elección.
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