Un ciudadano fue víctima de desaparición forzada por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Venezuela, siendo retenido durante 38 días sin comunicación con el exterior. Este caso se suma a otras denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, donde organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de este tipo de prácticas. La detención arbitraria y la falta de transparencia en los procesos judiciales han sido puntos críticos señalados por grupos defensores de los derechos humanos, que advierten sobre el riesgo que corren los disidentes y opositores al actual gobierno.

El episodio ha generado una oleada de protestas y llamados de atención de diversos actores internacionales, quienes exigen una respuesta contundente y transparente por parte del gobierno venezolano respecto a las violaciones perpetradas por sus fuerzas de seguridad. Familiares de la víctima han mantenido una lucha constante para dar con su paradero, exponiendo las dificultades y temores que enfrentan ante un sistema político acusado de reprimir las voces disidentes. Este caso pone en evidencia la necesidad de medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos fundamentales en Venezuela, mientras la presión internacional continúa en aumento para exigir justicia y reparación.

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