Desde septiembre pasado, dos ciudadanos españoles permanecen en una cárcel venezolana, acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de estar vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Las detenciones, que han suscitado preocupación internacional, se produjeron en medio de tensiones diplomáticas entre Caracas y Madrid. El régimen chavista sostiene que los detenidos formaban parte de una operación de espionaje, aunque las autoridades españolas han negado estas afirmaciones y han solicitado su inmediata liberación.
La situación de los españoles se ha vuelto compleja, con organizaciones de derechos humanos reclamando garantías procesales y un juicio justo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de los detenidos, instando a Venezuela a respetar los principios del debido proceso. Mientras tanto, esta situación ha generado un nuevo foco de tensión en las ya deterioradas relaciones entre ambos países, añadiendo otro capítulo a la larga lista de conflictos bilaterales.
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