
La exmilitante del PSOE, Leire Díez, junto al empresario Javier Pérez-Dolset, ha solicitado al juez Arturo Zamarriego la eliminación de grabaciones en la causa que los investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho. Las acusaciones implican un accionar delictivo para obtener información irregular de autoridades como la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de obstaculizar investigaciones relevantes que tocan a políticos y empresarios. Díez, quien se reunió en dos ocasiones con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, aseguró que sus encuentros fueron en calidad de periodista y negó cualquier vínculo con la dirección del partido. Asimismo, negó conocer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más que de algún acto público.
En el desarrollo del juicio, se examinaron varios audios, uno grabado por el fiscal Ignacio Stampa, donde Díez es escuchada declarando ser la «mano derecha» de Cerdán, lo cual es impugnado por sus abogados alegando la nulidad del audio por carecer de mandato judicial. Además, la defensa alega una invasión a la privacidad al grabar reuniones en despachos de abogados, violando el secreto profesional. Pérez-Dolset, por su parte, ha cuestionado su cambio de estatus de testigo a investigado, insistiendo en que no cometió ningún delito durante una reunión con el fiscal. Ambas defensas argumentan que la acusación se fundamenta en recortes de prensa y no en pruebas concretas, subrayando la importancia de no confundir la libertad de prensa con la judicialización basada únicamente en trabajos periodísticos.
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