En Estados Unidos, el dinamismo de las legislaturas estatales está marcando el compás en el ámbito de la política tecnológica, tomando la delantera en debates fundamentales mientras el Congreso avanza a paso lento. Iniciativas sobre privacidad de datos, vigilancia policial y regulación de inteligencia artificial emergen con fuerza desde las bases estatales, destacando el papel crucial que desempeña la Electronic Frontier Foundation (EFF) en la defensa de derechos digitales tanto en los tribunales locales como en el ámbito nacional.
Este año, el enfoque de la EFF ha sido proteger leyes innovadoras previamente establecidas. Un ejemplo destacado es la exitosa oposición al proyecto de ley S.B. 1076 en California. Este habría creado vacíos legales que habrían socavado la California Delete Act, una medida que facilita a los consumidores la eliminación de su información personal almacenada por corredores de datos. En una victoria clave, la EFF frenó el avance del proyecto de ley, consolidando el derecho de los ciudadanos a controlar su información.
Simultáneamente, la EFF, junto a la ACLU California Action y otras entidades, logró bloquear el avance del A.B. 1814, un controvertido proyecto de ley sobre reconocimiento facial. Esta legislación habría permitido a las fuerzas policiales eludir controles de rendición de cuentas, un peligro que fue neutralizado tras su rechazo en la legislatura californiana. El rechazo de estas propuestas destaca no solo los desafíos, sino también las victorias cruciales en el ámbito legislativo.
En Massachusetts, esfuerzos dirigidos a avanzar el Location Shield Act reflejan el compromiso continuo por reforzar la privacidad de los usuarios. A pesar de que la ley no fue aprobada este año, sus disposiciones, que exigían consentimiento para la recolección de datos de ubicación, marcan un precedente esperanzador para el futuro.
El estancamiento en Washington ha motivado a legisladores estatales a asumir un papel protagónico en cuestiones de derechos digitales. Numerosos estados han introducido normativas que buscan mejorar la seguridad de menores en línea, similar al Kids Online Safety Act federal, aunque con preocupaciones adicionales sobre potenciales impactos en la privacidad y censura. Un ejemplo de este acercamiento proactivo es la detención del proyecto A.B. 3080 en California, que buscaba regular el acceso a contenido explícito pero carecía de una definición clara, amenazando potencialmente el acceso a contenido legítimo, especialmente para jóvenes LGBTQ+.
El debate sobre verificación de edad en sitios web y redes sociales también fue intenso, con la EFF oponiéndose a medidas que, aseguran, potencialmente restringen la libertad de expresión y exacerban la recolección de datos personales.
Otros estados, como Maryland y Vermont, han realizado progresos significativos hacia la mejora de sus leyes de privacidad. Pese a ello, Vermont enfrentó un revés cuando su gobernador vetó un proyecto que habría permitido a los ciudadanos demandar a empresas por infracciones a su privacidad, una herramienta calificada por la EFF como crucial.
A medida que nos acercamos a 2025, las legislaturas estatales se preparan para un año activo en el frente de la inteligencia artificial, un área donde la influencia de la EFF será esencial para fomentar regulaciones que mitiguen los riesgos asociados a estas tecnologías en constante evolución.
El panorama proyecta a los legisladores estatales como actores esenciales en la protección de derechos digitales, con la EFF y sus aliados liderando la carga en un terreno donde la tecnología redefine la vida diaria.
