En un esfuerzo por actualizar y mejorar la calidad del producto turístico, así como para proteger los derechos de los usuarios, se han introducido importantes modificaciones normativas en la regulación de los servicios de alojamiento turístico. Una de las medidas más relevantes es la asignación de responsabilidades a los titulares de prestación de servicios de alojamiento turístico, quienes ahora deberán presentar la declaración responsable para el inicio de su actividad, en lugar de los propietarios de las viviendas.
La normativa actual también será revisada para actualizar los requisitos de las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos. Este cambio busca garantizar un nivel de calidad que resguarde y proteja los derechos de los usuarios.
Otra de las novedades introducidas por la nueva normativa es la clarificación del papel de los ayuntamientos en la regulación de este tipo de alojamientos. Los gobiernos locales podrán establecer las exigencias necesarias para el uso compatible o complementario de estas viviendas. Además, se prohíbe el uso turístico en las viviendas de protección pública o en los inmuebles cuyo estatuto aprobado por la comunidad de propietarios así lo indique.
Estas modificaciones se enmarcan en el Plan de refuerzo y control de las viviendas turísticas en la región, que contempla un incremento del personal destinado a supervisar esta actividad. A los 16 inspectores actuales se sumarán 17 más, incluyendo cuatro que se encargarán de aplicar el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre el alquiler de corta duración.
En un movimiento adicional para asegurar el cumplimiento de la normativa, se revisarán y endurecerán las sanciones para los propietarios reincidentes. También se fortalecerá el sistema de colaboración e intercambio de información con los municipios de la región.
Estas acciones refuerzan el modelo de gestión turística consolidado en la Comunidad de Madrid, centrado en una regulación que busca asegurar condiciones de competencia justas y equitativas.
