En varios países del mundo, comunidades vulnerables se ven amenazadas por amplias legislaciones sobre cibercrimen y vigilancia. Uno de esos países es Jordania, donde una ley sobre cibercrimen, promulgada en 2023, ha sido utilizada en contra de personas LGBTQ+, periodistas, defensores de derechos humanos y aquellos que critican al gobierno. Este marco legal ha suscitado preocupaciones considerables sobre sus implicaciones sociales y sobre los derechos humanos, y fue emitido de manera apresurada, sin un análisis exhaustivo de sus aspectos legales.
La ley criminaliza de manera amplia el contenido en línea que se califica como “pornográfico” o que se considera que “expone la moral pública”, además de prohibir el uso de redes privadas virtuales (VPN) y otros proxies. Recientemente, la Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha unido a trece organizaciones de derechos digitales y de libre expresión en una carta abierta que exige la derogación de esta controvertida ley. La misiva está organizada por Article 19, y hace un llamado a las autoridades jordanas para que cesen el uso de la ley de cibercrimen para atacar y castigar voces disidentes, así como para detener la represión de la libertad de expresión. También urge al nuevo Parlamento a derogar o modificar sustancialmente la ley de cibercrimen, así como cualquier otra legislación que viole el derecho a la libertad de expresión, alineándola con las normativas internacionales sobre derechos humanos.
La situación en Jordania es un preocupante ejemplo de cómo las legislaciones de cibercrimen pueden ser mal utilizadas para atacar a comunidades marginadas y suprimir la disidencia. Este tipo de legislación ha sido objeto de preocupación por parte de la Asamblea General de la ONU, que en 2019 y 2021 advirtió sobre el uso de leyes de cibercrimen para atacar a defensores de derechos humanos. Estas inquietudes han sido respaldadas por años de informes de expertos en derechos humanos de la ONU, que han señalado cómo estas leyes abusivas facilitan violaciones de derechos.
Además, el Tratado de Cibercrimen de la ONU plantea serias amenazas a la libre expresión. Lejos de proteger contra el cibercrimen, este tratado podría convertirse en un medio para prácticas represivas de vigilancia transfronteriza. Permitiendo la cooperación internacional en la vigilancia por cualquier delito considerado «grave» bajo las leyes nacionales, definidos como ofensas castigables con un mínimo de cuatro años de prisión, y sin salvaguardias robustas ni requisitos operacionales detallados para garantizar que no se suprima la expresión, el tratado podría ser utilizado por gobiernos para reprimir la disidencia y atacar a comunidades marginadas. El futuro del Tratado de Cibercrimen de la ONU dependerá de las decisiones de los estados miembros, quienes evaluarán su adopción más adelante este año.
