En respuesta a la creciente problemática del empleo irregular en España, la Comisión Europea ha señalado que la decisión final sobre las soluciones legales a implementar corresponde al Gobierno español, dado que es una competencia de carácter nacional. Aunque la institución europea ha subrayado que la regularización extraordinaria aprobada el miércoles puede considerarse una opción legal viable para responder a las necesidades del mercado laboral, la responsabilidad de su ejecución recae directamente en las autoridades españolas.
El fenómeno del empleo no oficial afecta particularmente a los migrantes que enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos estables. Según el último boletín del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, elaborado por Fedea y BBVA Research, la tasa de informalidad laboral entre las mujeres migrantes no comunitarias alcanza aproximadamente el 20%. Este porcentaje supera al 14% registrado entre los hombres en similares circunstancias, ubicando a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad en el mercado laboral.
El informe revela una tendencia sostenida al incremento en la brecha entre la ocupación estimada por la Encuesta de Población Activa (EPA) y las altas en la Seguridad Social, indicador que ayuda a calcular la incidencia del empleo informal. Desde 2018, esta brecha se ha concentrado principalmente en la población extranjera, especialmente en quienes carecen de regularización. En los años 2024 y 2025, más del 80% del trabajo irregular corresponde a trabajadores extranjeros, siendo las personas originarias de Centro y Sudamérica las más afectadas, con una tasa de empleo irregular del 21%, la más elevada del mercado laboral.
Gran parte de esa vulnerabilidad se explica por la presencia significativa de estas trabajadoras en sectores caracterizados por altos niveles de informalidad. Dentro de estos, el trabajo doméstico y de cuidados se destaca como uno de los principales focos, concentrando el 27% del empleo irregular extracomunitario. Además, sectores como la hostelería, la manufactura y la construcción también presentan porcentajes alarmantes, con 19%, 17% y 16%, respectivamente.
Los datos también evidencian que la irregularidad no se limita a los trabajadores autónomos, sino que prevalece en relaciones laborales dependientes. El 90% del empleo informal detectado corresponde a personas asalariadas, lo que indica que la economía sumergida impacta mayoritariamente en las relaciones laborales dependientes y no solo en actividades por cuenta propia. La falta de afiliación a la Seguridad Social limita el acceso a prestaciones por desempleo, enfermedad, cobertura sanitaria y protección contra abusos laborales, perpetuando un ciclo de precariedad y exclusión social.
Desde un enfoque territorial, regiones como Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran la mitad del empleo irregular extracomunitario en cifras absolutas. Sin embargo, según los datos proporcionados en el informe, regiones como la Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura presentan una incidencia proporcional mayor en relación con su población extranjera, evidenciando una distribución desigual del fenómeno en diferentes áreas del país.
La magnitud del empleo irregular en España también ha sido estimada por otros organismos, como Funcas, que calcula en 840.000 las personas residentes en situación administrativa irregular en 2025. Sin embargo, el análisis de Fedea y BBVA Research se centra en quienes, aún trabajando, no están registrados formalmente, diferenciando así el fenómeno del mero estatus migratorio.
El Gobierno, en su intento por abordar esta problemática, ha aprobado una regularización extraordinaria que, en teoría, podría modificar significativamente el mapa de la informalidad en el país. La implementación de esta medida, en concordancia con acuerdos políticos y sociales, busca reducir la exposición al trabajo no regulado y mejorar las condiciones laborales de los colectivos más vulnerables, especialmente aquellas mujeres migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Vigilar los efectos de estas políticas será clave para valorar si logran disminuir la brecha y promover una mayor integración laboral y social en España.
