La siniestralidad laboral en España continúa siendo un grave problema que, a pesar de presentar ciertos avances, mantiene cifras alarmantes que reflejan una problemática estructural en la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Según los datos oficiales publicados esta semana, en 2025 se registraron un total de 735 fallecimientos y más de 620.000 accidentes laborales. Aunque estas cifras representan una reducción en comparación con años anteriores, la realidad aún evidencia que dos personas mueren cada día en el país mientras desempeñan sus funciones laborales.
Más allá de las causas naturales que explican muchos de estos decesos —como infartos, derrames cerebrales o enfermedades relacionadas con condiciones preexistentes— la incidencia de accidentes evitables sigue siendo elevada. Aproximadamente 500 de los fallecimientos en 2025 se atribuyen a accidentes laborales que, en mayor o menor medida, podrían haberse prevenido con una adecuada cultura de seguridad por parte de las empresas, los trabajadores y las instituciones responsables.
El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) ha insistido en la necesidad de reforzar la prevención y aumentar la responsabilidad compartida. Sara García, Secretaria de Acción Sindical y Empleo, ha señalado que “la prevención es una tarea de todos: las empresas deben proporcionar los medios adecuados de protección, los trabajadores deben cumplir con las medidas de seguridad, y las Administraciones deben legislar y fiscalizar más eficazmente. Mientras estos aspectos no sean tomados en serio, seguiremos lamentando accidentes y pérdidas humanas”.
Entre los sectores más afectados destacan las industrias extractivas, donde la incidencia de mortalidad supera con creces a la de otros ámbitos laborales. La minería, en particular, ha sido foco de atención tras el grave accidente ocurrido en la mina de Cerredo, en Asturias, en marzo de 2025, que culminó con la muerte de cinco trabajadores y heridas graves a otros cuatro. La justicia ha imputado a los principales responsables, acusándolos de homicidio imprudente y delitos relacionados con los derechos laborales, en una clara señal de la gravedad con la que se deben tratar estos incidentes.
Este trágico acontecimiento no es un caso aislado. La explosión en una galería de la mina, derivada de una detonación en tareas de extracción de grafito, puso en evidencia las deficiencias en las medidas de seguridad que, según las investigaciones judiciales, podrían haberse evitado. Los empleados, todos residentes en la provincia de León y en edades comprendidas entre los 32 y los 54 años, perdieron la vida en circunstancias que evidencian la urgente necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los contextos más peligrosos.
La comparación con otros países europeos evidencia aún más la magnitud del problema en España. Mientras que en países como Países Bajos y Alemania la tasa de mortalidad laboral en 2023 fue inferior a 1 por cada 100.000 empleados, en España dicha cifra alcanza 1,71 por cada 100.000. En sectores particularmente peligrosos como la construcción y la minería, la disparidad se intensifica, con tasas que multiplican la media europea.
Frente a esta situación, las instituciones han acordado la modernización de la ley de prevención de riesgos laborales, vigente desde 1995. Las reformas incluyen la incorporación de nuevas áreas de riesgo, como la salud mental, derivada del estrés laboral, así como los efectos del teletrabajo, la digitalización y el cambio climático. La figura del delegado territorial de prevención surgiría como un mecanismo para mejorar la vigilancia en pequeñas empresas, buscando una mayor responsabilidad en la implementación de medidas preventivas.
Mientras tanto, la inquietud crece entre la sociedad y los colectivos sindicales, que reclaman acciones concretas y una mayor voluntad política para revertir las tendencias negativas. La lucha contra la mortalidad laboral requiere de un compromiso integral que involucre a todos los actores del sistema: empresas, trabajadores y Estado. Solo mediante un esfuerzo conjunto será posible reducir las cifras de tragedias laborales y proteger la vida de quienes, día a día, enfrentan los riesgos de sus respectivos trabajos.
