El sector eléctrico ha calificado como un «error» la decisión de no convalidar un decreto técnico crucial para el funcionamiento y regulación del mercado energético. Según fuentes del sector, esta medida iba a facilitar la implementación de tecnologías más eficientes y sostenibles, mejorando la competitividad y reduciendo costes operativos. La falta de convalidación del decreto ha generado preocupación por su impacto negativo en la modernización del sistema eléctrico del país, subrayando la urgencia de contar con un marco regulatorio actualizado que permita abordar los desafíos actuales del sector.
Por su parte, la industria ha expresado su descontento, advirtiendo que la ausencia de este decreto técnico podría encarecer las tarifas eléctricas en aproximadamente un 5%. Las empresas sostienen que el incremento tarifario se derivaría de la imposibilidad de optimizar procesos y reducir costes sin las directrices que el decreto proporcionaría. Este aumento potencial en los precios de la electricidad genera inquietud tanto entre las compañías industriales como en el ámbito doméstico, lo que ha puesto de relieve la necesidad de buscar soluciones alternativas para mitigar el impacto económico de esta decisión.
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