En un hecho sin precedentes en la historia democrática de Corea del Sur, las autoridades detuvieron este miércoles al presidente Yoon Suk-yeol, depuesto de su cargo a mediados de diciembre. La detención fue ejecutada por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF), en medio de tensiones entre agencias de seguridad y seguidores del mandatario. Yoon está acusado de insurrección por haber impuesto temporalmente la ley marcial a inicios de diciembre, lo que provocó una severa crisis institucional en el país. El arresto, llevado a cabo en su residencia presidencial, fue transmitido en directo por los medios locales, mostrando la salida del convoy que lo trasladó hasta la sede de la OICAF en Seúl. Este cuerpo de investigación cuenta ahora con 48 horas para interrogarlo, mientras su equipo legal considera la detención como ilegal y basada en motivos injustos.
Mientras tanto, la escena política en Corea del Sur se intensifica. Partidarios de Yoon se congregaron para brindar su apoyo, enfrentándose en ocasiones a la policía desplegada para asegurar el acceso al complejo presidencial. La oposición ha manifestado que el arresto representa un paso hacia la restauración del orden constitucional y el estado de derecho. Las citaciones previas a Yoon, emitidas tras su negativa a comparecer ante la OICAF, culminaron en esta intervención, que involucró también a agentes del Servicio de Seguridad Presidencial. Aunque el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente el proceso de destitución de Yoon, el juicio sobre su cese continuará, aun en su ausencia, con su equipo legal presente. La situación mantiene al país en vilo, reflejando una clara división en la sociedad surcoreana sobre el manejo legal y político de esta crisis.
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