Durante los partidos de fútbol, miles de webs legales quedaron inaccesibles en España por bloqueos masivos de direcciones IP, una situación impulsada por LaLiga para combatir la piratería. El problema, conocido ya como #LaLigaGate, ha generado indignación en el mundo digital y reclamaciones legales similares a las impulsadas por el movimiento “Tarifa Plana” en sus inicios.
¿Qué está pasando y a quién afecta?
LaLiga, amparada por una resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona (diciembre 2024), logró que operadores como Telefónica, Vodafone, MásMóvil y Digi bloquearan direcciones IP usadas para retransmisiones pirata. Pero como denunciaron Vercel, Netlify, Quic.cloud, Cloudflare y otros, esos bloques son indiscriminados, afectando infraestructuras compartidas con cientos o miles de webs respetables—desde medios de comunicación y servicios institucionales hasta plataformas como noticias.ai, revistacloud.com, e incluso correos.es.
En redes CDN como Cloudflare, una misma IP puede agrupar miles de dominios legales. Al bloquear la IP, se desconectan todos esos sitios, sin distinguir entre culpables y víctimas.
Además, fueron reportados bloqueos en servicios esenciales como X (Twitter), Steam, GitHub, Vimeo, y hasta la Real Academia Española (RAE), que envió una queja formal ante LaLiga.
LaJustificación oficial versus la realidad digital
LaLiga defiende que el bloqueo no es masivo ni indiscriminado: alega tener pruebas de que solo se bloquean IP utilizadas por contenido ilegal, aunque compartidas con webs lícitas. También acusan a Cloudflare de actuar como escudo digital para mafias piratas.
Sin embargo, testimonios de empresas tecnológicas y organizaciones de internautas contradicen esa versión, calificando la estrategia como “matar moscas a cañonazos” y un ataque a la neutralidad de la red, que penaliza derechos fundamentales como el acceso a la información.
¿Qué piden los afectados?
Organizaciones como RootedCON y la Asociación de Internautas denunciaron ante el Defensor del Pueblo el impacto de estas medidas, exigiendo medidas cautelares, transparencia, y un debate público sobre el control judicial de internet. Incluso se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
También se ha hablado de impulsar una demanda colectiva, al estilo del movimiento por la Tarifa Plana, que logró coordinar miles de reclamaciones ciudadanas contra políticas públicas injustas. La analogía no es casual: ambas buscan frenar decisiones arbitrarias que afectan derechos de forma masiva.
Consecuencias: ¿Fuga tecnológica o censura por derechos?
David Carrero, cofundador de Stackscale (Grupo Aire), alerta que si las empresas no garantizan disponibilidad en España, «simplemente no desplegarán su infraestructura aquí». Para un país que quiere ser hub tecnológico, este precedente es peligroso.
Por su parte, Vercel denunció públicamente que su infraestructura ha sido bloqueada sin previo aviso y calificó el movimiento como “censura técnica sin rendición de cuentas”.
¿Qué hacer frente a este conflicto?
- Impulsar una demanda colectiva para defender el acceso legítimo a internet y preservar la neutralidad de la red.
- Exigir transparencia judicial, con supervisión independiente.
- Pedir diálogo institucional para encontrar soluciones proporcionadas, como bloqueos selectivos sin dañar infraestructura crítica.
- Unir al sector tecnológico y ciudadanía en una voz pública: que este caso no se silencie, como ocurre aún en muchos medios.
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Por qué se bloquean webs legales si solo desean frenar piratería?
Porque al bloquear rangos IP compartidos (como los de Cloudflare), se afecta a todas las webs legítimas que los usan como infraestructura, sin distinción.
2. ¿Qué dice la justicia? ¿Es legal el bloqueo?
Sí, existe una resolución judicial que lo avala. Sin embargo, organizaciones como RootedCON han impugnado esa medida e instado al Constitucional a actuar.
3. ¿Qué opciones legales existen para defenderse?
Hasta ahora, asociaciones de internautas han presentado quejas formales y pedidos de amparo. Una demanda colectiva podría ser la vía más efectiva para visibilizar el problema.
4. ¿Cómo afecta esto a España tecnológicamente?
Si el bloqueo persiste, empresas internacionales pueden eludir desplegar servicios en España por inseguridad jurídica, frenando la digitalización del país.
