LaLiga ha intensificado sus esfuerzos para combatir la piratería digital mediante la implementación de bloqueos masivos de direcciones IP relacionadas con transmisiones ilegales de fútbol, una medida que está generando un impacto más allá del mundo deportivo. Esta estrategia, promovida por su presidente, Javier Tebas, utiliza inteligencia artificial para rastrear y bloquear dichas IPs, afectando no solo a infractores sino también a miles de sitios web legítimos e incluso a entidades como la Real Academia Española (RAE).
El fin de semana de marzo de 2025, hasta un 35% del tráfico de la plataforma de distribución de contenido Cloudflare fue bloqueado en España, lo que interrumpió el funcionamiento de múltiples comercios electrónicos e instituciones públicas. Incluso la RAE se vio envuelta en este conflicto, recibiendo una advertencia de Tebas tras verse afectada por uno de estos bloqueos. Este escenario nos enfrenta a un dilema mayor: la creciente erosión de la libertad de acceso a la información en internet.
Paralelamente, la cobertura mediática sobre este tema ha sido escasa. Los medios de comunicación han ignorado una crisis que afecta tanto a empresas como a ciudadanos, permitiendo que las acciones de LaLiga pasen inadvertidas y prevalezcan sin oposición. Este silencio se interpreta como una forma de complicidad que impide un escrutinio público esencial para la resolución de estos conflictos.
La controversia también subraya la importancia de buscar métodos más precisos y menos invasivos para combatir la piratería, protegiendo tanto los derechos de autor como la integridad de la experiencia en línea. Hacer frente a este desafío requiere una cooperación conjunta entre entidades legales, plataformas de contenido y proveedores de telecomunicaciones, en lugar de recurrir a medidas que puedan terminar socavando el propio tejido de la libertad en internet.
Este tema, que engloba derechos de propiedad intelectual y derechos digitales fundamentales, debe ser tratado con urgencia y transparencia. La percepción de la increíblemente invasiva naturaleza de los bloqueos actuales debería impulsar a los medios y a la sociedad a exigir un debate abierto que equilibre la protección de los contenidos y los derechos de los usuarios.
