LaLiga ha enviado una carta a un medio digital español —sin relación alguna con emisiones ilegales— para que exija a su proveedor de CDN (Cloudflare) “dejar de compartir” una dirección IP desde la que supuestamente se facilita acceso ilícito a partidos. La IP señalada, 188.114.96.5, no pertenece a un “servidor pirata”, sino a una infraestructura compartida que utilizan miles de webs legítimas. La misiva, fechada el 29 de septiembre de 2025, anuncia además que la organización pedirá a los operadores el bloqueo de “las IP donde se alojan páginas que violan nuestros derechos”, amparándose en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona (18/12/2024).
El episodio reabre un debate que el sector considera zanjado: bloquear direcciones IP de servicios compartidos no resuelve el problema de las retransmisiones ilícitas y sí multiplica los daños colaterales. Y, sobre todo, traslada la presión al eslabón equivocado: una web que usa una CDN como cualquier otra empresa.
Un requerimiento imposible
La petición de LaLiga es, en la práctica, irrealizable. Pedir a un cliente que “deje de compartir” una IP anycast con miles de proyectos es tanto como exigirle que cambie de proveedor o renuncie a las ventajas de una CDN moderna. No es una decisión que esté en manos del editor, y mucho menos en manos de un solo dominio.
Ese matiz no es menor. El mensaje implícito es que cualquiera que utilice una red de distribución —como hacen medios, tiendas y servicios públicos— podría encontrarse en el punto de mira por el simple hecho de compartir infraestructura con terceros.
Eficacia dudosa, perjuicios ciertos
La medida que LaLiga anticipa —bloqueos por IP— no frena a quienes operan al margen de la ley, que rotan dominios y proveedores con facilidad. En cambio, introduce interrupciones intermitentes, caídas de tráfico y pérdida de ventas en webs de terceros que nada tienen que ver con el fútbol. Lo hemos visto jornada tras jornada: proyectos ajenos al asunto sufren cortes coincidiendo con los partidos.
La pregunta es obvia: ¿por qué insistir en una herramienta que castiga a inocentes y apenas disuade a culpables? La respuesta, para muchos, está en la comodidad del atajo: es más fácil apretar el botón grande (la IP) que afinar el tiro donde corresponde.
Legalidad y proporcionalidad
Las resoluciones judiciales que amparan medidas de bloqueo dinámico durante las jornadas subrayan la necesidad de proporción y de evitar perjuicios a terceros. La propia administración de justicia ha puesto por escrito —documentos accesibles en el buscador del Poder Judicial— que las órdenes deben ejecutarse con precisión y control para no causar más daño del que pretenden prevenir.
Lo que plantea LaLiga desborda ese espíritu: convierte una herramienta excepcional en una malla de arrastre que, en nombre de la protección de derechos, arrastra a quien no tiene nada que ver.
Opacidad y falta de rendición de cuentas
Otro punto polémico es la opacidad. La carta aportaría como “prueba” capturas de pantalla que no sirven para auditar nada. Si una medida puede tirar abajo a terceros, la carga de la prueba debería ser robusta y reproducible. ¿Dónde están los criterios, las fechas exactas, los canales de reversión para falsos positivos? ¿Qué mecanismos hay para levantar un bloqueo si una web queda atrapada por error?
Sin respuestas claras, lo que queda es una petición intimidatoria que coloca a empresas, muchas de ellas pymes, frente a un riesgo operativo sin saber siquiera cómo defenderse.
La señal que envía al tejido digital
España ha hecho esfuerzos reseñables por digitalizar su economía. Pedir a compañías que renuncien a servicios esenciales —como una CDN— o que “dejen de compartir” IPs imposibles de controlar manda la peor de las señales: inseguridad. Si las reglas cambian cada fin de semana y un tercero puede cortar el acceso a tu web por una acusación genérica, ¿qué incentivo queda para invertir?
La protección de derechos no debería traducirse en inseguridad jurídica y operativa para el resto.
Qué cabría esperar de una actuación responsable
Nadie discute que LaLiga deba proteger sus contenidos. Lo que el sector reclama es otra manera de hacerlo:
- Medidas quirúrgicas, no de “malla”: dirigidas a dominios concretos y acotadas en tiempo.
- Pruebas verificables y un canal operativo para retirar bloqueos erróneos en minutos, no en días.
- Informes públicos tras cada jornada: qué se bloqueó, por cuánto tiempo y con qué impacto.
- Y, sobre todo, diálogo con operadores y proveedores para no convertir cada partido en una ruleta rusa para el resto de la economía digital.
Lo que está en juego
LaLiga quiere atajar un problema real. Pero su receta —pedir a un medio que fuerce a su CDN a bloquear una IP compartida— es desproporcionada, ineficaz y, para colmo, imposible de ejecutar tal y como está formulada. Señala a quien no debe y deja intacto a quien debe.
La discusión de fondo es simple: proteger derechos sí, pero sin atropellar a quien no tiene culpa. Si de verdad queremos una Internet funcional y justa, las soluciones tienen que ser afinadas, transparentes y responsables. Lo demás es pegar tiros al aire y esperar no darle a nadie.
vía: Noticias de España
