Este jueves, el Congreso de España se enfrenta a una crucial votación sobre la reforma fiscal propuesta por el Gobierno, cuya aprobación o rechazo tendrá implicaciones significativas tanto en la recaudación fiscal como en el acceso a fondos europeos. En el centro de la controversia se encuentra la introducción de un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, un compromiso acordado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que aún no ha sido implementado por España, a pesar de las directivas de la Unión Europea. La demora en la adopción de esta medida ya ha provocado un expediente sancionador de Bruselas contra España y otros tres países, lo que podría resultar en sanciones financieras. Además, el fracaso en aplicar este tipo impositivo podría poner en peligro el quinto desembolso del plan de recuperación europeo, valorado en 7.200 millones de euros, sumando presión sobre un ya tenso escenario político y financiero.
El panorama político no facilita la tarea del Gobierno, que ha enfrentado resistencia parlamentaria para aprobar cambios tributarios adicionales, incluyendo impuestos a la banca, las energéticas y el aumento del gravamen sobre el diésel. Estos elementos son clave para cumplir con los requisitos de Bruselas y asegurar los ansiados fondos del plan de recuperación. El Consejo de la UE ha señalado la importancia de estas reformas para modernizar el sistema tributario español, hacerlo más eficiente y alinear la recaudación fiscal con los estándares de la media europea. Aunque el desembolso de los fondos no depende exclusivamente de la reforma fiscal, otras medidas relacionadas, como cambios en la legislación de aguas y servicios para víctimas de violencia sexual, también están contempladas. No obstante, un bloqueo en el Congreso podría resultar en una reducción proporcional del apoyo financiero europeo, reflejando la compleja interdependencia de estas reformas y su impacto en las finanzas públicas de España.
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