El Gobierno ha mostrado un afán confiscatorio que mantiene en el centro del debate público su agresiva política fiscal. La renuncia al impuesto a las empresas energéticas, bajo la presión de sus socios políticos, no ha sido más que un capítulo en esta serie de medidas impositivas que buscan incrementar la recaudación. A pesar de que se esgrimieron razones de inversión para dar marcha atrás con el tributo energético, el Ejecutivo ha introducido un impuesto sobre la banca que grava intereses y comisiones, lo que impactará directamente en los clientes y, por extensión, en la economía. Este impuesto, previsto inicialmente hasta 2028, se inserta en un contexto donde el riesgo de permanencia de estas cargas impositivas es preocupante. Asimismo, se han implementado aumentos en el impuesto sobre sociedades y las rentas de capital, lo que ha intensificado el peso fiscal sobre los contribuyentes, contraviniendo la afirmación del Gobierno de que los españoles pagan menos impuestos que el promedio de la UE.
En contraste con las políticas de fomento de inversión, el incremento impositivo podría derivar en una fuga de capitales y una disminución en la creación de empleo, levantando barreras para nuevas inversiones extranjeras. La respuesta del Gobierno a la tragedia en Valencia, al mantener el pleno para aprobar estas medidas, ha suscitado críticas por la aparente insensibilidad y falta de consideración hacia las víctimas, profundizando las acusaciones de inmoralidad. Mientras tanto, el ámbito judicial arroja sombras sobre la gestión de la pandemia, con investigaciones que apuntan a posibles conductas delictivas por parte de ciertos actores políticos. Este conjunto de acciones del Ejecutivo ha suscitado un clima de descontento social, reflejando una política fiscal percibida como perjudicial para la economía y ajena a las necesidades de los ciudadanos.
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